CABRERO, 10 de junio de 2026.- La herida abierta del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha vuelto a supurar en el debate nacional, y sus efectos se sienten con fuerza hasta en los rincones más apartados del Biobío. Esta mañana, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, lanzó una dura ofensiva contra el expresidente Gabriel Boric, responsabilizándolo directamente por la histórica morosidad que afecta al sistema.
“Si no lo cumplió, no es problema de este Gobierno que las personas hayan dejado de pagar”, sentenció Alvarado desde La Moneda, en alusión a la promesa de condonación del CAE que fue un pilar en la campaña presidencial de Boric en 2021. El actual gobierno, liderado por José Antonio Kast, ha instruido a la Tesorería General de la República (TGR) para iniciar la retención de fondos desde las cuentas bancarias de aquellos deudores con ingresos declarados sobre los 3,5 millones de pesos que no han regularizado su situación. Una medida que el expresidente Boric, reapareciendo en la escena pública, calificó como un “vaciamiento intempestivo”.
Para entender la magnitud del problema, es crucial mirar las cifras. Según datos históricos de la Comisión Ingresa, el organismo que administra el crédito, más de 1,1 millones de chilenos han estudiado con CAE desde su creación en 2005. A fines del mandato de Boric, la tasa de deserción del pago ya superaba el 50%, un fenómeno que diversos análisis, como los publicados por el centro de estudios Fundación Sol, atribuyen a un sistema que genera un sobreendeudamiento insostenible para una gran parte de los egresados. De hecho, un informe de 2024, ampliamente difundido por medios como La Tercera, reveló que cerca del 69% de los deudores percibía ingresos mensuales inferiores a los 750.000 pesos, una realidad que choca con la imagen del deudor de altos ingresos que la medida actual busca perfilar.
La promesa de condonación que resonó con fuerza en las aulas de la Universidad de Concepción y del Bío-Bío hoy se traduce en notificaciones de embargo, una dura realidad para miles de profesionales de nuestra región que confiaron en un cambio que, para muchos, nunca llegó.
El impacto de esta disputa política no es abstracto para los habitantes de nuestra zona. La Región del Biobío, con sus importantes centros universitarios en Concepción y Chillán, es una de las que concentra mayor número de deudores del CAE. Para miles de jóvenes de Cabrero, Yumbel o Monte Águila, este crédito fue la única puerta de acceso a la educación superior. Hoy, muchos de ellos, ya insertos en el mundo laboral, enfrentan la incertidumbre. Aunque la medida de la TGR se enfoca en un segmento de mayores rentas, el temor a futuras acciones de cobranza se extiende como una mancha de aceite, recordando a miles de familias que la ‘mochila’ de la deuda sigue ahí, más pesada que nunca.
El CAE, implementado durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue una respuesta a la necesidad de ampliar la cobertura en educación superior, pero lo hizo a través de la banca privada con garantía estatal. Este modelo fue el epicentro de las masivas movilizaciones estudiantiles de 2011, en las que el propio Gabriel Boric emergió como dirigente. La paradoja es amarga: quien lideró las marchas exigiendo el fin del CAE, presidió un gobierno que no pudo cumplir su promesa de terminar con él, dejando la puerta abierta para que la actual administración aplique ahora las herramientas de cobranza más duras del sistema que prometió cambiar.

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Información inspirada enEl País