El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), firmado en 2015 entre Irán y las principales potencias mundiales (China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, más la Unión Europea), representó un hito diplomático crucial. Su objetivo era garantizar la naturaleza pacífica del programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de severas sanciones económicas. Durante sus primeros años, el acuerdo funcionó: Irán redujo drásticamente sus reservas de uranio enriquecido, limitó su nivel de pureza al 3,67% (apto para energía, no para armas) y abrió sus instalaciones a un estricto régimen de inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA).

Sin embargo, la situación cambió drásticamente en mayo de 2018, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró unilateralmente a su país del JCPOA y reimplantó sanciones. Esta decisión, percibida por Teherán como una ruptura de las promesas occidentales, llevó a Irán a reducir progresivamente sus propios compromisos a partir de 2019. Actualmente, la República Islámica ha elevado sus niveles de enriquecimiento de uranio hasta el 60% de pureza, muy por encima del límite del JCPOA y peligrosamente cerca del 90% necesario para fabricar armas nucleares, según informes de la IAEA.