Gobierno inicia retención de fondos a deudores del CAE: ¿Qué significa para las familias del Biobío?

Una medida que encendió las alarmas en miles de hogares a lo largo del país y, por supuesto, en nuestra provincia del Biobío. El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha instruido a la Tesorería General de la República (TGR) para que inicie el cobro forzoso a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), pero con un método que ha generado una intensa polémica: la retención de fondos directamente desde sus cuentas bancarias, sin necesidad de una orden judicial previa.
Desde el Ministerio de Hacienda argumentan que la acción es necesaria para hacer frente a una alta tasa de morosidad. Según cifras del Ejecutivo, cerca del 60% de los beneficiarios del CAE no están al día con sus pagos. La ofensiva fiscal, en su primera etapa, se enfoca en un grupo de aproximadamente 1.800 deudores con ingresos mensuales declarados superiores a los cinco millones de pesos, cuya deuda acumulada asciende a 20 millones de dólares.
Sin embargo, la medida ha sido cuestionada no solo por su carácter administrativo, que prescinde de la intermediación de un tribunal, sino también porque algunos de los primeros afectados han señalado que sus ingresos reales no corresponden a las altas cifras mencionadas por el Gobierno. Para cualquier profesional de Cabrero, Yumbel o Monte Águila que financió sus estudios con este crédito, la noticia genera una lógica incertidumbre sobre su propia seguridad financiera.

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La controversia escaló este fin de semana, cuando la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la medida y anticipó los próximos pasos del Gobierno.
Se está avanzando con quienes tienen mayores rentas y se va a ir a por los morosos con sueldos cada vez más bajos, por eso es especialmente importante que quienes tienen menores ingresos realicen las medidas para pagar a tiempo y evitar cosas como esta
, declaró la secretaria de Estado en una entrevista televisiva.
Las palabras de la ministra confirman que la estrategia de cobro se ampliará progresivamente, lo que pone en alerta a un universo mucho más amplio de deudores, muchos de los cuales, según datos de estudios previos, tienen ingresos mensuales inferiores a los 750.000 pesos. La medida, por tanto, pasa de ser una acción contra un grupo de altos ingresos a una advertencia directa para la clase media y trabajadora que aún carga con la mochila del financiamiento universitario.

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