Terremoto judicial en Biobío: Corte desafuera a exfiscal de Los Ángeles por red de corrupción
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La Corte de Apelaciones de Concepción ha levantado el fuero al exfiscal Rodrigo Durán, abriendo la puerta a una profunda investigación por asociación criminal y otros delitos. Este caso destapa una compleja red que involucra a abogados y funcionarios judiciales, sacudiendo la confianza en la justicia local.
CONCEPCIÓN, 15 de junio de 2026. Un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Concepción ha encendido las alarmas en el sistema judicial de la Región del Biobío. El tribunal de alzada acogió la querella de capítulos interpuesta contra el exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, levantando su fuero y permitiendo al Ministerio Público avanzar en una investigación por graves delitos que incluyen asociación criminal, violación de secreto y negociación incompatible.
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La decisión, pronunciada por los ministros de la Quinta Sala de la corte penquista, valida la existencia de antecedentes que sugieren una participación probable del exfiscal en una compleja red de corrupción. Este paso es fundamental, como destacó Francisco Soto Donoso, Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Ñuble, ya que “este es un trámite esencial para efectos de poder solicitar medidas cautelares personales respecto del fiscal”.
La indagatoria, liderada por la Fiscalía Regional de Ñuble para asegurar la independencia y evitar conflictos de interés dada la relevancia de los involucrados, cuenta con el apoyo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI). Las pesquisas apuntan a que Durán integraba una estructura delictiva concertada junto a su cónyuge, la abogada Andrea Romero Jara, y la socia de esta, Susana Cortés Karmy. También están implicados el cónyuge de esta última, el exdefensor penal de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado, y otros funcionarios y particulares.
Entre los siete formalizados en la causa, figuran el funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes; la secretaria del bufete de abogadas, Paola Jara González; la procuradora Claudia Castillo Urrutia; y un cliente, Moisés Bastardo Bastardo, quien ya cumple condena por Ley de Drogas y Armas. Actualmente, solo las abogadas Romero y Cortés permanecen en prisión preventiva, mientras que los demás cumplen regímenes cautelares de menor intensidad.
Este caso no es un hecho aislado. La corrupción en las altas esferas de la justicia ha sido una preocupación constante en Chile. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Chile ha experimentado fluctuaciones en la confianza pública hacia sus instituciones, especialmente el poder judicial, un fenómeno que casos como este no hacen más que agudizar. La figura de la “querella de capítulos” es un mecanismo legal excepcional que permite a la justicia investigar a sus propios miembros con fuero, un procedimiento que, como ha explicado la Corte Suprema en diversas ocasiones, busca equilibrar la protección del cargo con la necesidad de probidad y transparencia.
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Para los vecinos de Los Ángeles y de toda la provincia de Biobío, esta noticia golpea directamente la credibilidad en las instituciones. ¿Cómo confiar en un sistema que parece estar carcomido desde dentro?
La sombra de la corrupción no solo mancha nombres individuales, sino que amenaza la confianza de cada ciudadano en la imparcialidad y probidad del sistema que debe protegerlos.
Las proyecciones del Ministerio Público no se detienen aquí. Tras el desafuero de Durán, la fiscalía espera replicar esta estrategia jurídica para avanzar en una querella de capítulos contra la jueza del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, quien también figura como imputada por asociación criminal. En una arista relevante, el Tribunal Constitucional ya declaró la inadmisibilidad de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la defensa de la magistrada, lo que allana el camino para futuras acciones.
Este proceso investigativo, que se desarrolla en el corazón del Biobío, es un recordatorio contundente de que nadie está por encima de la ley, y que la búsqueda de justicia y transparencia debe ser implacable, especialmente cuando se trata de quienes tienen la responsabilidad de impartirla.
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