El silencio que resuena: Santa Ponça ajusta sus campanas, ¿lecciones para Cabrero?

SANTA PONÇA, MALLORCA / CABRERO, BIOBÍO.- Las campanas de la iglesia de Santa Ponça, en la turística isla de Mallorca, España, han dejado de sonar con la fuerza y la persistencia que las caracterizaba. La medida, implementada este 19 de junio de 2026, no responde a una decisión eclesiástica voluntaria, sino a la intervención del Defensor del Pueblo español tras la denuncia de un vecino que consideraba el ruido “insoportable”. Este suceso, que podría parecer distante, resuena con fuerza en comunidades como Cabrero, donde la tradición y el patrimonio son pilares, pero la calidad de vida de sus habitantes es una prioridad innegociable.
La controversia se gestó cuando un residente de Santa Ponça elevó su queja ante el Defensor del Pueblo, institución que en España actúa como un ombudsman, velando por los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas. El responsable de la entidad, Ángel Gabilondo, tras analizar la situación, dio la razón al denunciante. Su informe, aunque sin competencias directas sobre la Iglesia, instó al Ayuntamiento de Calvià –municipio al que pertenece Santa Ponça– a tomar cartas en el asunto para proteger el bienestar de los vecinos.
El sacerdote Carlos Fuentes, a cargo de la parroquia, no ignoró el llamado. La iglesia, que solo celebra misas los fines de semana (una el sábado y dos el domingo), procedió a modificar el sistema automático de repique. La tarea no fue menor: el campanario, de unos 30 metros de altura, requirió el alquiler de una grúa especial para que los técnicos pudieran ajustar el mecanismo. La solución encontrada pasa por reducir el golpeo de las campanas y acortar el tiempo de la llamada a misa, que hasta ahora alcanzaba los 80 decibelios durante un minuto y 50 segundos.
La cifra de 80 decibelios no es menor. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda que los niveles de ruido en exteriores no superen los 55 decibelios durante el día para evitar molestias significativas y riesgos para la salud. Los 80 decibelios registrados en Santa Ponça son comparables al tráfico pesado o una aspiradora en funcionamiento, excediendo con creces los umbrales de confort y potencialmente afectando la salud auditiva y el descanso de las personas. En Chile, si bien no existe una normativa específica para campanas de iglesia, el Decreto Supremo N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente establece límites de emisión de ruido para fuentes estacionarias, que en zonas residenciales suelen oscilar entre los 50 y 55 decibelios durante el día. Esto subraya la magnitud del problema acústico que se vivía en la localidad mallorquina.
El informe de Ángel Gabilondo fue categórico: si bien el repique podía ligarse a la libertad religiosa, esta no podía lesionar el derecho fundamental a la integridad física de los vecinos, que veían su tranquilidad comprometida.
Este episodio en Santa Ponça no es un caso aislado. A nivel global, el debate sobre el ruido de las campanas de iglesia, los cantos de gallos o incluso los sonidos de fiestas populares, ha generado tensiones entre la preservación de tradiciones y el derecho a la tranquilidad en zonas urbanas y rurales. En ciudades europeas como París o Londres, se han implementado regulaciones similares para equilibrar estos intereses, reconociendo que el patrimonio sonoro debe convivir con la calidad de vida moderna.
Para los habitantes de Cabrero y sus alrededores, esta noticia debería invitar a la reflexión. Nuestra comuna, con su rica historia y sus propias tradiciones, también enfrenta el desafío de cómo adaptar sus costumbres a las sensibilidades y necesidades de una población en crecimiento. ¿Cómo se gestionan los sonidos que forman parte de nuestra identidad, como las campanas de la Parroquia San Felipe, en el contexto de un desarrollo urbano que exige mayor tranquilidad? La experiencia de Santa Ponça nos enseña que el diálogo entre la comunidad, las instituciones religiosas y las autoridades locales es fundamental para encontrar soluciones armónicas que respeten tanto el patrimonio cultural como el bienestar de todos los vecinos. Es un llamado a la anticipación y a la búsqueda de consensos antes de que las quejas escalen a instancias mayores.
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