Escándalo Financiero Remece Azul Azul: Nueva Querella Revela Intrincada Red de Fondos y Conflictos de Interés
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La liquidadora de Sartor AGF desata una nueva ofensiva legal contra Michael Clark y otros directivos de Azul Azul. La querella expone una compleja trama de financiamiento que habría utilizado fondos de inversión públicos para la adquisición de la Universidad de Chile, revelando presuntas negociaciones incompatibles y administración desleal. Un caso que sacude los cimientos de la gobernanza corporativa y la transparencia financiera en Chile, con repercusiones que van más allá del fútbol.
Toesca AGF, en su rol de liquidadora de la quebrada Sartor AGF, ha lanzado una tercera y contundente querella criminal que sacude el corazón financiero de Azul Azul, la concesionaria detrás de la Universidad de Chile. La acción judicial, dirigida contra Michael Clark y un grupo de directivos, destapa una presunta red de irregularidades en la adquisición del control accionario del club, apuntando a delitos de negociación incompatible y administración desleal.
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El epicentro de la investigación se centra en cómo se financió la compra de Azul Azul a Carlos Heller. La querella sostiene que los recursos no provinieron de aportes genuinos de los partícipes del Fondo de Inversión Privado Sartor Tactical Sport (FIPTS), sino de una sofisticada estructura que habría canalizado fondos públicos administrados por Sartor. Esto plantea serias interrogantes sobre la protección de los inversionistas y la ética en el manejo de capitales.
La trama se complejiza al detallar la inyección de miles de millones de pesos desde fondos como Leasing, Táctico y Proyección hacia Inversiones Cerro El Plomo SpA, para luego ser transferidos al FIPTS y concretar la oferta pública. Documentos judiciales revelan pagarés por cifras multimillonarias entre vehículos del Grupo Sartor, sugiriendo un entramado financiero diseñado para eludir el origen real de los fondos y sus beneficiarios finales.
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La operación no solo incluyó la compra, sino también el refinanciamiento de pasivos de Azul Azul con Banco Santander. Para ello, se recurrió a un crédito con Inmobiliaria Macul Sartor SpA e Inversiones Gross Limitada, garantizado con los derechos televisivos de la ANFP hasta 2033. Posteriormente, el “Bono Bulla” de 400.000 UF (equivalente a unos 14.000 millones de pesos) habría permitido a los propios acreedores del crédito de 2021 prepagar parte de esa deuda mediante compensación, sin un desembolso proporcional de caja, transformando la posición acreedora en un instrumento de mercado transable con captura directa de flujos televisivos.
Un punto neurálgico de la querella es la figura de Michael Clark. Al momento de adquirir el 90% de las cuotas del FIPTS a través de su sociedad Inversiones Antumalal Limitada, Clark ostentaba simultáneamente los cargos de director de Sartor AGF y presidente del directorio de Azul Azul. Esta triple condición, según Toesca, configura un conflicto de interés estructural innegable, especialmente cuando la compraventa se pactó sin un pago efectivo de caja, sino como una cuenta por pagar.
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El perjuicio, según la liquidadora, radica en la disposición y compromiso de recursos de fondos públicos en favor de sociedades relacionadas al grupo controlador, sin las garantías ni resguardos necesarios. La querella subraya que los fondos consolidados presentaban deudas con relacionados por más de 35.000 millones de pesos, no informadas en los estados financieros, lo que califica la operación como un “financiamiento indirecto” sin el conocimiento de los aportantes. Este caso no solo impacta al fútbol chileno, sino que resalta la imperiosa necesidad de una mayor fiscalización por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y un reforzamiento de la ética en la gobernanza corporativa, un tema de interés general para todos los vecinos de Cabrero que confían en la transparencia del sistema financiero.
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