Escándalo Financiero Sacude al Fútbol Chileno: Nueva Querella Revela Intrincada Trama en Compra de Azul Azul
Generado automáticamente por Inteligencia Artificial - Cabrero en Línea
Una tercera querella criminal sacude los cimientos del fútbol chileno, desvelando una compleja red de financiamiento detrás de la adquisición de Azul Azul. Toesca AGF, liquidadora de Sartor, apunta a presuntos delitos de negociación incompatible y administración desleal, involucrando fondos administrados y un intrincado esquema de transacciones que levanta serias dudas sobre la transparencia y la probidad en una de las operaciones más mediáticas del deporte nacional.
El fútbol chileno se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras la presentación de una tercera y contundente querella criminal por parte de Toesca AGF, liquidadora de la fallida Sartor AGF. Esta acción judicial desvela una intrincada red de financiamiento que posibilitó la adquisición del control accionario de Azul Azul, la concesionaria que administra al popular club Universidad de Chile, apuntando a presuntos delitos de negociación incompatible y administración desleal.
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La querella se dirige contra figuras clave como Pedro Pablo Larraín, Michael Clark y otros directivos, por el uso indebido de una posición de confianza para obtener beneficios personales y la gestión perjudicial de bienes ajenos. El corazón de la investigación se centra en cómo los fondos “Leasing”, “Táctico” y “Proyección”, junto a “Inversiones Cerro El Plomo SpA” y el “Fondo de Inversión Privado Sartor Tactical Sport” (FIPTS), habrían articulado una estructura de financiamiento opaca. La acusación más grave es que los recursos para pagar a Carlos Heller por las acciones de Azul Azul no provendrían de aportes genuinos de los partícipes del FIPTS, sino de una compleja cadena de transacciones vinculadas a fondos administrados por Sartor. Esto levanta serias alarmas sobre la custodia y el destino de inversiones que, en última instancia, pueden afectar a miles de ahorrantes.
Documentos judiciales revelan que, semanas antes de la Oferta Pública de Adquisición (OPA), el FIPTS suscribió pagarés por montos millonarios con vehículos del Grupo Sartor. Se detalla cómo fondos como “Leasing” y “Táctico” inyectaron 7.200 millones de pesos a “Inversiones Cerro El Plomo SpA”, para luego transferir esos recursos al FIPTS y concretar el pago de la OPA. Un esquema que, según la querella, buscaba disfrazar el origen y la naturaleza de los fondos.
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La trama se complejiza con el refinanciamiento de pasivos de Azul Azul con Banco Santander, una condición crucial. Para ello, se recurrió a un crédito con “Inmobiliaria Macul Sartor SpA” e “Inversiones Gross Limitada”, garantizado con los derechos televisivos que la ANFP paga a los clubes hasta 2033. Posteriormente, la emisión del “Bono Bulla” por 400.000 UF (aproximadamente 14.000 millones de pesos) en 2022, permitió a los propios acreedores del crédito de 2021 (relacionados con Sartor) prepagar parte de esa deuda sin un desembolso efectivo de caja, transformando una posición acreedora en un instrumento de mercado transable que captura flujos directos de Azul Azul.
Un punto crítico es la figura de Michael Clark. Al momento de la compra del 90% de las cuotas del FIPTS por su sociedad “Inversiones Antumalal Limitada” en diciembre de 2024, Clark ostentaba simultáneamente los cargos de director de Sartor AGF, presidente del directorio de Azul Azul y controlador de Antumalal. Esta triple condición, según Toesca, configura un conflicto de interés estructural innegable, donde los intereses personales y los de las entidades que debía resguardar se entrelazan de manera peligrosa. La operación, valorada en 5.7 millones de dólares, se habría registrado sin un pago efectivo de caja, sino como una cuenta por pagar y cobrar, lo que añade otra capa de opacidad.
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El perjuicio para los fondos “Leasing”, “Táctico” y “Proyección” se estima en la disposición y compromiso de sus recursos en favor de sociedades relacionadas al grupo controlador, sin las garantías ni resguardos proporcionales. Al 30 de septiembre de 2024, los fondos consolidados presentaban una posición agregada en “Inversiones Cerro El Plomo” por 34.779 millones de pesos y deudas con relacionados por 35.211 millones de pesos, cifras que, según la querella, no fueron informadas adecuadamente.
Para los vecinos de Cabrero, esta noticia, aunque se desarrolle en la esfera del fútbol y las altas finanzas, resuena profundamente. La transparencia en la gestión de fondos de inversión, regulados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es vital para la confianza en el sistema financiero que afecta a todos los chilenos. La posible malversación o el uso indebido de recursos, incluso si no son directamente públicos, sino de fondos administrados para terceros, subraya la importancia de la fiscalización y la rendición de cuentas. Este caso es un recordatorio de que la probidad empresarial y la ética en los negocios son pilares fundamentales para el desarrollo y la justicia social en cualquier comunidad.
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