Justicia en el Biobío: Condenan a Servicio de Salud Talcahuano por cesárea tardía y maniobra prohibida que costó una vida
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La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó una indemnización total de $125 millones para una pareja de Talcahuano. Una demora injustificada en la cirugía y el uso de la proscrita ‘maniobra de Kristeller’ derivaron en la muerte de su hija y una histerectomía en la madre.
CONCEPCIÓN.- Un fallo que resuena con fuerza en los pasillos de los centros de salud del Biobío. La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción ha puesto el sello final a una dolorosa historia de negligencia médica, confirmando la responsabilidad del Servicio de Salud de Talcahuano en la trágica muerte de una recién nacida y las devastadoras secuelas para su madre.
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El tribunal de alzada penquista, integrado por los ministros Rodrigo Cortés y Margarita Sanhueza, y la abogada integrante Lorena Pérez, no solo ratificó la indemnización de $85 millones por daño moral para la madre, sino que revocó la sentencia de primera instancia, añadiendo una compensación de $40 millones para el padre, reconociendo el profundo sufrimiento de ambos progenitores.
Los hechos, validados judicialmente, se remontan a un trabajo de parto inducido en un hospital de la red del Servicio de Salud Talcahuano, muy probablemente el Hospital Las Higueras, el principal recinto de la comuna puerto. La paciente, con factores de riesgo evidentes como diabetes gestacional, fue sometida a un procedimiento prolongado que culminó en tragedia. El fallo detalla dos faltas de servicio críticas: una demora inexcusable en la decisión de practicar una cesárea, pese a las claras señales de pérdida de bienestar fetal, y la aplicación de la denominada ‘maniobra de Kristeller’.
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Esta maniobra, que consiste en aplicar una fuerte presión en la parte superior del útero para ’empujar’ al bebé, es una práctica explícitamente desaconsejada por la comunidad médica internacional y nacional. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus recomendaciones sobre cuidados intraparto la califica como una práctica no recomendada por los graves riesgos que implica, incluyendo trauma fetal, desprendimiento de placenta y rotura uterina. En Chile, como ha documentado la Superintendencia de Salud en diversos informes sobre calidad en la atención, su uso es considerado un acto de mala praxis y una forma de violencia obstétrica.
La falta de servicio se configura al acreditarse que el Hospital no realizó la cesárea de forma oportuna pese a los factores de riesgo de la madre y a los signos de pérdida de bienestar fetal, una omisión que, sumada al uso de un procedimiento proscrito, fue la causa directa de la muerte de la hija y la posterior histerectomía.
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Este caso trasciende el drama familiar y se convierte en un llamado de atención para todo el sistema de salud público regional. ¿Por qué, en pleno 2026, se siguen utilizando procedimientos arcaicos y peligrosos en nuestros hospitales? La indemnización, que saldrá de fondos públicos, obliga a cuestionar los protocolos de supervisión y la formación continua del personal clínico en recintos que atienden a miles de vecinos de Talcahuano, Hualpén y sus alrededores. Medios como BioBioChile han reportado consistentemente que la región del Biobío concentra un alto número de judicializaciones por negligencia médica, lo que evidencia una problemática sistémica que va más allá de un error aislado.
La sentencia no solo busca reparar económicamente un daño inconmensurable, sino que establece un precedente vital para la defensa de los derechos de los pacientes. Refuerza la idea de que el parto debe ser una experiencia segura y respetada, libre de prácticas violentas y basada en la mejor evidencia científica disponible, un derecho que para esta joven familia de Talcahuano fue trágicamente vulnerado.
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